Después de pasar casi una semana en Ecuador estudiando el caso en contra del desarrollador sueco de software libre Ola Bini, quien fue arrestado en Quito, Ecuador, en abril, hemos observado un claro consenso entre los expertos: las consecuencias políticas de su arresto son, al parecer, superiores a cualquier evidencia real que la policía tenga en contra de él. Los detalles de quiénes se beneficiaron de la acusación de Bini variaron según con quién habláramos, pero en general nos ha perturbado profundamente lo entrelazada que está la investigación con los efectos políticos de su resultado. La inocencia o culpabilidad de Ola Bini es un hecho que debe ser determinado solamente como un juicio justo que sigue al debido proceso; de ninguna manera debe ser impactado por posibles ramificaciones políticas.
Desde que se fundó EFF en 1990, hemos intervenido con frecuencia para defender a los investigadores de seguridad frente a los malentendidos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y sensibilizar a la opinión pública cuando los tecnólogos de los Estados Unidos han sido encarcelados. Y el año pasado, lanzamos un nuevo proyecto Coders' Rights in Latin America, que busca conectar el trabajo de la investigación en seguridad con los derechos fundamentales de sus practicantes. Mientras que los investigadores de seguridad juegan un papel vital en la corrección de fallas en el software y hardware que todos usan, sus acciones y comportamientos son a menudo malinterpretados. Por ejemplo, como parte de su trabajo, pueden descubrir e informar a una empresa de un fallo peligroso de software, un deber cívico que podría confundirse con un ataque informático.
Cuando empezamos a analizar el caso de Ola Bini, pensamos que esto era lo que había pasado. Las llamadas "pruebas" presentadas después de su arresto -que incluían llaves USB, llaves de seguridad, libros sobre programación- sugerían que este podría ser el caso. Por supuesto, poseer tales cosas no es un crimen, pero juntos, pueden parecer sospechosos a una autoridad que no está al tanto.
Pero, a medida que el caso avanzaba, surgieron preguntas que no pudimos responder desde California, por lo que viajamos a Ecuador para entender mejor lo que estaba sucediendo. Esta semana, tres miembros de nuestro equipo se reunieron directamente con los involucrados y otras personas familiarizadas con el sistema de justicia penal ecuatoriano, para tener una idea más clara de lo que ha ocurrido en el caso.
Ola Bini es reconocido globalmente como un experto en seguridad informática; es alguien que construye herramientas seguras y contribuye a proyectos de software libre. El equipo de Ola en ThoughtWorks contribuyó con Certbot, la herramienta gestionada por EFF que ha proporcionado un fuerte cifrado para millones de sitios web en todo el mundo, y más recientemente, Ola cofundó una organización sin ánimo de lucro dedicada a la creación de herramientas de seguridad fáciles de usar.
Ola Bini
Sin embargo, por lo que Ola no es conocido es por llevar a cabo el tipo de investigación de seguridad que podría confundirse con un "asalto a la integridad de los sistemas informáticos", el crimen por el que está siendo investigado. Además, la falta de detalles sobre este supuesto ataque de hacking es un punto de confusión para EFF. Si alguien irrumpe en una casa y las autoridades arrestan a un sospechoso, la fiscalía debería por lo menos ser capaz de informarle a usted en qué casa fue irrumpida. El mismo principio debería aplicarse en el mundo digital.
Ola Bini lleva casi cuatro meses enfrentándose a la acusación y todavía no se nos ha dicho qué sistemas se supone que ha violado, ni ningún otro detalle de su presunta conducta delictiva.
Después de estar en Quito por una semana y hablar con periodistas, políticos, abogados, académicos y Ola y su equipo de defensa, y de extender invitaciones a la Ministra del Interior María Paula Romo y Diana Salazar Méndez pidiendo que se reúnan con nosotros, creemos que tenemos una mejor idea de lo que está sucediendo. En resumen, basándonos en las entrevistas que hemos llevado a cabo esta semana, nuestra conclusión es que la acusación de Bini es un caso político, no un caso criminal.
Los abogados de Bini nos dijeron que han contado 65 violaciones del debido proceso hasta ahora durante el juicio, y la decisión de Habeas Corpus confirmó la debilidad de la detención inicial. Los periodistas nos han dicho que nadie puede proporcionarles descripciones concretas de lo que ha hecho. Y sabemos que aunque el comportamiento y los contactos de Ola Bini en el mundo de la seguridad pueden parecer extraños a las autoridades, su experiencia en seguridad informática no es un delito.
Instamos a los responsables políticos de todas las partes a que se aparten de este caso y permitan que se haga justicia. Si se niegan, corren el riesgo de dañar la reputación del sistema judicial ecuatoriano en el extranjero y de violar las normas internacionales de derechos humanos, tal como han sido definidas en el marco del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
