La ley de derechos de autor y la libertad de expresión siempre han estado en tensión, ya que los tribunales protegen la expresión de las reclamaciones excesivas de derechos de autor mediante doctrinas legales como el uso justo. Pero en 1998, el Congreso aprobó la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital, y desde entonces los tribunales han interpretado su disposición "antielusión" para dar a los titulares de los derechos un poder sin precedentes para bloquear incluso los usos legítimos de sus obras, siempre que ese uso requiera eludir un control de acceso como el cifrado o la gestión de derechos digitales.
Esto ha perjudicado a los cineastas independientes cuando intentan incluir clips de otras obras en las suyas. Ha perjudicado a las personas con discapacidades visuales que necesitan ejecutar programas de conversión de texto a voz en sus libros electrónicos para poder disfrutarlos, y a las personas con discapacidades auditivas que dependen de los subtítulos para disfrutar de los vídeos que compran. Ha impedido a los educadores enseñar la alfabetización mediática y ha impedido a los investigadores de seguridad y protección entender los dispositivos electrónicos para mantenernos a todos más seguros. Impide que la gente lea el código de las cosas que compra, desde coches a tractores o electrodomésticos, impidiendo que entendamos cómo funcionan estos dispositivos y perjudicando el mercado de la reparación independiente y la innovación posterior.
Los usuarios justos pueden obtener a veces un alivio temporal y parcial a través del proceso de elaboración de normas que lleva a cabo la Oficina de Derechos de Autor, pero eso sólo subraya el problema fundamental: la sección 1201(a) de la DMCA convirtió el derecho a hacer usos justos en un privilegio contingente que hay que rogar por adelantado, sin normas legales vinculantes que protejan tu derecho a hablar.
Por eso demandamos al gobierno en nombre del investigador de seguridad Matthew Green y del tecnólogo Bunnie Huang, en colaboración con el bufete de abogados Wilson Sonsini Goodrich & Rosati. El caso está ahora en fase de apelación, y acabamos de concluir el proceso de información, con el apoyo de profesores de derecho, defensores de los derechos de los discapacitados, cineastas y otros.
El gobierno defiende la ley argumentando que sólo grava la conducta, no la expresión. Tonterías: la ley prohíbe directamente el acceso a la información para que pueda ser comunicada y adaptada. También prohíbe directamente proporcionar instrucciones sobre cómo hacerlo en forma de software o de un servicio. Restringe una amplia gama de discursos legítimos, sin añadir mucho o nada al arsenal de herramientas del gobierno para combatir la infracción real de los derechos de autor. Dado que alguien que elude los derechos para infringirlos ya es un infractor, la ley afecta principalmente a las personas que los eluden con un propósito no infractor, como la investigación, la educación o simplemente para disfrutar del libro electrónico que han comprado.
Esta desastrosa ley ha interferido con la creatividad, la investigación y la innovación durante demasiado tiempo. Esperamos que el Tribunal de Apelación del Circuito del Distrito de Columbia esté de acuerdo y restablezca el equilibrio tradicional entre los titulares de derechos y los posteriores oradores.
