a la Secretaría de Derechos Humanos de Ecuador sobre el caso contra el experto en seguridad informática sueco Ola Bini desde su detención en abril de 2019, tras la expulsión de Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres. Ola Bini se enfrentó a 70 días de prisión hasta que una consideró ilegal su detención. Salió de la cárcel, pero la investigación continuó, buscando pruebas que respalden las supuestas acusaciones contra el experto en seguridad.
Las circunstancias que rodearon la detención de Ola Bini, que está plagada de descritas por su defensa, despertaron la atención internacional e indicaron la creciente gravedad del acoso de los expertos en seguridad en América Latina. El proceso penal se ha prolongado durante dos años desde la liberación de Bini. Y como sospechoso en juicio, Ola Bini sigue privado del pleno disfrute de sus derechos. Durante el año 2020, las audiencias previas al juicio fijadas para examinar el caso de Bini fueron suspendidas y reprogramadas al menos cinco veces. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH por este retraso en su .
Suspendida por última vez en diciembre, la audiencia preparatoria de juicio continuará este martes (29 de junio). El nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, nombró recientemente a una nueva responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del país, la Sra. . Esperamos que la Sra. Ordoñez pueda desempeñar un papel relevante al vincular la protección de los expertos en seguridad con la misión de la Secretaría de defender los derechos humanos.
La carta de la EFF invoca a la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador para que preste especial atención a la próxima audiencia y al procesamiento de Ola Bini. Como ya hemos subrayado en nuestra carta,
El caso del Sr. Bini tiene profundas implicaciones y se sitúa en el centro de la garantía de los derechos humanos y del debido proceso, un caso emblemático en el contexto de la aplicación arbitraria de leyes penales demasiado amplias a los expertos en seguridad. El caso del Sr. Bini representa una oportunidad única para que el Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos considere y vele por los derechos de los expertos en seguridad en la era digital. Los expertos en seguridad protegen los computadores de los que todos dependemos y protegen a las personas que han integrado los dispositivos electrónicos en su vida cotidiana, como los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los activistas y los disidentes, entre muchos otros. Para llevar a cabo la investigación en materia de seguridad, debemos proteger a los expertos en seguridad y garantizar que dispongan de las herramientas necesarias para realizar su trabajo.
La detención de Ola Bini se produjo poco después de que la entonces ministra del Interior de Ecuador, , diera una que un grupo de rusos y hackers relacionados con Wikileaks estaban en el país, planeando un ciberataque en represalia por el desalojo de Julian Assange de la embajada de Ecuador en Londres. Sin embargo, Romo no aportó ninguna prueba para respaldar esas afirmaciones.
La EFF ha estado siguiendo la detención, investigación y enjuiciamiento de Ola Bini desde sus en 2019. Realizamos una visita in situ a la capital del país, Quito, a finales de julio de ese año, y posibles consecuencias políticas del caso estaban teniendo en las posibilidades del experto en seguridad de recibir un juicio justo. Más tarde, se filtró a la prensa una supuesta prueba que fue llevada a juicio: una , tomada por el propio Bini y enviada a un colega, que mostraba la pantalla de acceso a telnet de un router.
Como hemos , la imagen es coherente con alguien que se conecta a un servicio de telnet abierto, recibe una advertencia de no conectarse sin autorización y no procede, respetando la advertencia. En cuanto a la parte del intercambio de mensajes de Bini con un colega, filtrada con la foto, muestra su preocupación por el hecho de que el router esté abierto de forma insegura al acceso de telnet en el resto de Internet, sin cortafuegos.
Más recientemente, en abril de 2021, el recurso de Habeas Data de Ola Bini, presentado en octubre de 2020 contra la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno y el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), fue parcialmente concedido por el juez. Según la éste había estado sometido a continuos seguimientos por parte de miembros de la Policía Nacional y de personas no identificadas. La decisión solicitaba al CIES que proporcionara información relacionada con si el organismo había realizado actividades de vigilancia contra el experto en seguridad. La sentencia que el CIES negó indebidamente dicha información a Ola Bini, al no ofrecer una respuesta oportuna a su anterior solicitud de información.
La EFF tiene un largo historial de lucha contra la persecución penal injusta de los expertos en seguridad, que lamentablemente han sido objeto de los mismos tipos de acoso que aquellos a los que trabajan para proteger, como los defensores de los derechos humanos y los activistas. Las endebles acusaciones contra Ola Bini, la serie de irregularidades y violaciones de los derechos humanos en su caso, así como su resonancia internacional, lo sitúan de lleno entre otros casos que hemos visto de acusaciones politizadas y equivocadas contra tecnólogos e investigadores de seguridad.
