En los días siguientes al tiroteo policial de Jacob Blake el 23 de agosto de 2020, cientos de manifestantes marcharon por las calles de Kenosha, Wisconsin. Resulta que las fuerzas del orden federales recogieron datos de localización de muchos de esos manifestantes. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) utilizó una serie de "órdenes de geovallado o geofencing" para obligar a Google a entregar los datos de las personas que se encontraban en las inmediaciones de los incidentes de daños a la propiedad, aunque potencialmente a una distancia tan grande como un campo de fútbol. Estas órdenes, que la policía utiliza cada vez más en todo el país, amenazan el derecho a la protesta y violan la Cuarta Enmienda.

Las órdenes de geovallado exigen a las empresas que proporcionen información sobre todos los dispositivos electrónicos que se encuentren en una zona geográfica durante un periodo de tiempo determinado. La ATF utilizó al menos 12 órdenes de geocerca emitidas a Google -la única empresa conocida por proporcionar datos en respuesta a estas órdenes- para recopilar datos de localización de personas durante las protestas de Kenosha. El centro de cada área geográfica era un incidente sospechoso de incendio. Sin embargo, las órdenes judiciales tienen un alcance muy amplio y requieren datos de localización durante largos períodos de tiempo. Una de las órdenes abarcaba un tercio de un importante parque público durante un período de dos horas durante las protestas. La ATF lanzó efectivamente una red de vigilancia sobre muchos manifestantes, utilizando "órdenes generales" que violan la Cuarta Enmienda y amenazan el derecho de la Primera Enmienda a realizar protestas libres del espionaje del gobierno.

La policía puede utilizar las órdenes de geovallado para recopilar información y movimientos de personas inocentes en las protestas. Esto puede incluir información del dispositivo, información de la cuenta, direcciones de correo electrónico, números de teléfono e información sobre los servicios de Google utilizados por el propietario del dispositivo, y los datos pueden proceder tanto de dispositivos Android como de Apple. Alguien que acuda a una protesta y esté cerca cuando se produzca un delito puede verse envuelto en una investigación policial. La policía de Minneapolis, por ejemplo, utilizó una orden de geovallado durante las protestas por el asesinato de George Floyd. El público sólo se enteró porque la redada, centrada en un incidente de daños a la propiedad, pilló a un transeúnte inocente filmando las protestas, y Google se lo notificó (cosa que no siempre hace). La policía también puede utilizar estos datos para crear expedientes sobre activistas y organizadores.

De este modo, las órdenes de geocerca también eliminan el anonimato en el que la gente puede confiar para protestar o asociarse libremente en espacios públicos. La capacidad de las fuerzas del orden para catalogar la ubicación de los manifestantes pacíficos enfriará su ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda. Esto es especialmente problemático cuando, como en el caso de las protestas de agosto de 2020 en Kenosha, la gente sale a la calle para exigir responsabilidades a la propia policía.

Google publicó recientemente datos que muestran que la policía ha emitido al menos 20.000 órdenes judiciales, solo en los últimos tres años, y el gran volumen de estas órdenes está aumentando exponencialmente año tras año. Por ejemplo, California emitió 209 solicitudes de órdenes judiciales de geofence en 2018, pero en 2020, emitió casi 2.000. Cada orden judicial puede dar lugar a la divulgación de información sobre decenas o cientos de dispositivos. La gran mayoría de estas órdenes son emitidas por la policía estatal y local, lo que dificulta su seguimiento.

Google debe empezar a defender a sus usuarios contra esta extralimitación masiva. Además de los graves daños a la privacidad y la libertad de expresión, las órdenes de geocerca funcionan sin transparencia. Tras años de presión, Google ha facilitado finalmente algunos datos limitados. Pero la inmensa mayoría de las órdenes de geocerca permanecen selladas, sin que Google o las fuerzas de seguridad faciliten información sobre sus objetivos, su área geográfica y su duración, así como sobre sus supuestas justificaciones. Como resultado, la mayoría de las personas no tienen forma de saber si están atrapadas en una de estas redes. Esta incertidumbre enfría aún más los derechos constitucionales a protestar y asociarse libremente.