Los recientes procesos electorales en América, desde Estados Unidos hasta Brasil, han despertado temores sobre el impacto de las "noticias falsas o Fake News." A principios de este mes, EFF presentó una contribución a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la institución panamericana que está actualmente investigando el alcance y el impacto de las noticias falsas en toda la región. Al mismo tiempo que reconocíamos los riesgos percibidos, nuestro testimonio advertía de los peligros de reaccionar exageradamente ante la percepción de una amenaza en línea, a costa de los estándares de libertad de expresión en la región.

La idea de una reacción desproporcionada no es sólo una hipótesis para el futuro. Durante 2018, 17 gobiernos aprobaron o propusieron leyes restringiendo los medios en línea con la justificación de combatir la manipulación en Internet. Los ciudadanos fueron procesados y enfrentaron a cargos criminales en, al menos, diez países por difundir "noticias falsas o fake news." Los flujos de desinformación no son un tema nuevo, ni el uso de "fake news" como etiqueta para descalificar toda crítica como propaganda infundada. La falta de una definición establecida de este término magnifica el problema, haciendo que sea fácil usarla asociada a significados múltiples e inconsistentes. Una y otra vez las preocupaciones legítimas sobre la desinformación y la manipulación fueron malinterpretadas o distorsionadas para afianzar el poder de las voces establecidas y sofocar la disidencia. Para combatir estas trampas, la contribución de EFF presentó recomendaciones y destacó que las normas de derechos humanos sobre las que el Sistema Interamericano construye su trabajo, ya proporcionan directrices y métodos sustanciales para abordar la desinformación sin socavar la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.

Las normas de DDHH de las Américas, entre las que se incluye la Convención Americana sobre Derechos Humanos, declaran que las restricciones a la libertad de expresión deben (1) estar definidas clara y precisamente por la ley, (2) servir a objetivos apremiantes autorizados por la Convención Americana, y (3) ser necesarias y apropiadas en una sociedad democrática para lograr los objetivos perseguidos, así como, estrictamente, proporcionales al objetivo perseguido. Las nuevas prohibiciones sobre la difusión en línea de información basada en ideas vagas, como las "Fake News," por ejemplo, no cumplen con esta prueba de tres partes. Las restricciones a la libertad de expresión que vagamente pretenden proteger el "orden público" tampoco cumplen estos requisitos.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos también afirma que el derecho a la libertad de expresión no puede ser restringido por métodos o medios indirectos. Dado que la mayor parte de la comunicación en Internet es facilitada por intermediarios, como los proveedores de servicios de Internet y las plataformas de medios sociales, las medidas innecesarias y desproporcionadas dirigidas a ellos dan lugar invariablemente a una limitación indebida de los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información. Las órdenes gubernamentales de cerrar las redes móviles o bloquear plataformas enteras de medios sociales, así como la legislación que obliga a los intermediarios a eliminar el contenido dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de un usuario o a crear filtros de contenido automatizados, todo ello en nombre de contrarrestar las "Fake News," constituyen claramente un enfoque excesivo que perjudica la libertad de expresión y el acceso a la información. Hacer que los intermediarios de Internet rindan cuentas de los contenidos de terceros estimula la autocensura de las plataformas y dificulta la innovación.

Cualquier intento de estatal de abordar la desinformación en contextos electorales debe evitar cuidadosamente socavar la profunda conexión entre la democracia y la libertad de expresión. Los debates más encarnizados sobre la sociedad y la dirección de un gobierno tienen lugar durante las elecciones, y durante las cuales a menudo se maximiza la participación pública. Mientras que los abusos de la libertad de expresión por parte de la persona responsable del contenido serán y deben ser abordados por la responsabilidad civil subsiguiente, las empresas no deben convertirse en una especie de policía de la libertad de expresión. La experiencia ha demostrado que esta no es una alternativa sabia; las plataformas privadas son propensas al error y pueden censurar desproporcionadamente a los menos poderosos. Cuando los intermediarios de Internet establecen condiciones y reglas para sus plataformas, deben hacerlo siguiendo normas de transparencia, debido proceso y rendición de cuentas, teniendo en cuenta también los principios de derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, el acceso a la información y la no discriminación.

Entonces, ¿qué se puede hacer? En nuestra presentación, esbozamos algunas directrices sobre cómo abordar las medidas destinadas a combatir la desinformación durante las elecciones:

• Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas al moderar los contenidos. Las plataformas necesitan mejores prácticas con respecto a la notificación a los usuarios, el debido proceso y los datos disponibles sobre la restricción de contenidos y la suspensión de cuentas, tal como se desarrolla en los Principios de Santa Clara.
• Desplegar mejores herramientas para los usuarios, incluyendo permitir una mayor personalización de los algoritmos de alimentación y búsqueda, y aumentar la transparencia de la publicidad electoral, entre otros.
• Evitar pasos que puedan socavar la privacidad personal, incluyendo la subversión del cifrado. Negar la seguridad del usuario no es una respuesta a la desinformación.
• Prestar atención a la neutralidad de la red y a la competencia en plataformas. Las prácticas de calificación cero pueden disuadir a los usuarios de buscar fuentes alternativas de información o incluso de leer la noticia en sí. Por otra parte, la portabilidad y la interoperabilidad de los datos pueden ayudar a proporcionar más actores y fuentes.

Como se subraya en la comunicación de EFF, la abundancia de información en el mundo digital no debe considerarse, per se, un problema. Pero las respuestas al fenómeno de las "Fake News"— si no son capaces de cumplir con los estándares adecuados de derechos humanos—podrían serlo.