En todo el mundo, las autoridades de salud pública están trabajando para contener la propagación de COVID-19 (Enfermedad del Coronavirus 2019). En la búsqueda de esta urgente y necesaria tarea, muchas agencias gubernamentales están recogiendo y analizando información personal sobre un gran número de personas identificables, incluyendo su salud, sus viajes y sus relaciones personales. A medida que nuestra sociedad lucha buscando la mejor manera de minimizar la propagación de esta enfermedad, debemos considerar cuidadosamente la forma en que las herramientas de almacenamiento  de "grandes datos" impactan en nuestras libertades digitales.

Se justifican los esfuerzos especiales de los organismos de salud pública para combatir la propagación de COVID-19. Tanto en el mundo digital como en el físico, la política pública debe reflejar un equilibrio entre el bien colectivo y las libertades civiles para proteger la salud y la seguridad de nuestra sociedad frente a los brotes de enfermedades transmisibles. Sin embargo, es importante que las medidas extraordinarias que se utilicen para gestionar una crisis concreta no se conviertan en elementos permanentes en el panorama de las intrusiones gubernamentales en la vida cotidiana. Hay precedentes históricos de programas de salvamento como estos, y sus intrusiones en las libertades digitales, sobreviviendo a su urgencia.

Así pues, toda recopilación de datos y vigilancia digital de los posibles portadores de COVID-19 debe tener en cuenta estos principios y comprometerse a respetarlos:

• Las intrusiones en la privacidad deben ser necesarias y proporcionadas. Un programa que recoge, en masa, información identificable sobre las personas debe estar científicamente justificado y ser considerado necesario por los expertos en salud pública con el propósito de la contención. Y ese procesamiento de datos debe ser proporcional a la necesidad. Por ejemplo, el mantenimiento de 10 años de historial de viajes de todas las personas no sería proporcional a la necesidad de contener una enfermedad como la COVID-19, que tiene un período de incubación de dos semanas.
• Recopilación de datos basada en la ciencia, no en la parcialidad. Dado el alcance mundial de las enfermedades transmisibles, existen precedentes históricos de esfuerzos inadecuados de contención por parte de los gobiernos impulsados por prejuicios basados en la nacionalidad, la etnia, la religión y la raza, en lugar de hechos sobre la probabilidad real de que un individuo en particular contraiga el virus, como su historial de viajes o el contacto con personas potencialmente infectadas. Hoy en día, debemos asegurarnos de que los sistemas de datos automatizados utilizados para contener el COVID-19 no identifiquen erróneamente a los miembros de grupos demográficos específicos como particularmente susceptibles de contraer la infección.
• Expiración. Como en otras grandes emergencias en el pasado, existe el peligro de que la infraestructura de vigilancia de datos que construimos para contener a COVID-19 pueda durar más tiempo que la crisis que se pretendía abordar. El gobierno y sus cooperadores corporativos deben hacer retroceder cualquier programa invasivo creado en nombre de la salud pública después de que la crisis haya sido contenida.
• Transparencia. Cualquier uso gubernamental de "grandes datos" para rastrear la propagación del virus debe ser explicado clara y rápidamente al público. Esto incluye la publicación de información detallada sobre la información que se está reuniendo, el período de retención de la información, las herramientas utilizadas para procesar esa información, las formas en que esas herramientas orientan las decisiones de salud pública y si esas herramientas han tenido algún resultado positivo o negativo.
• El debido proceso. Si el gobierno trata de limitar los derechos de una persona basándose en esta vigilancia de "grandes datos" (por ejemplo, para ponerlos en cuarentena en función de las conclusiones del sistema sobre sus relaciones o viajes), entonces la persona debe tener la oportunidad de impugnar oportuna y equitativamente estas conclusiones y límites.

A la luz de estos principios, nos preocupan los informes sobre cómo el gobierno chino está usando "grandes datos" para contener COVID-19. Según se informa, ese gobierno está exigiendo a sus ciudadanos que descarguen software en sus teléfonos, y que luego usen sus teléfonos para escanear los códigos QR cuando lleguen a los puntos de control de entrada a los espacios públicos (por ejemplo, trenes y centros comerciales). Este software asigna a cada ciudadano un código de color (por ejemplo, verde, amarillo o rojo) para indicar su estado de salud. El software dicta si cada ciudadano debe ser puesto en cuarentena, y si puede entrar en los espacios públicos. El software también envía información a la policía local. El gobierno chino dice que sólo utiliza este sistema para identificar a las personas que pueden estar infectadas. Los ciudadanos informan que han sido puestos en cuarentena porque este sistema de rastreo identificó el contacto entre ellos y una persona infectada.

También tenemos preguntas sobre una nueva norma de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). Requiere que las compañías aéreas recopilen el nombre y la información de contacto de todos los pasajeros y la tripulación que lleguen a los Estados Unidos en vuelos internacionales, y que transmitan esta información al CDC dentro de las 24 horas siguientes a la orden de hacerlo. El CDC tiene la intención de utilizar esta información para "rastrear contactos", es decir, para identificar rápidamente a las personas que estuvieron en contacto con una persona infectada, de modo que esas personas contactadas puedan ser notificadas oportunamente, sometidas a pruebas y posiblemente puestas en cuarentena. Ese procesamiento de datos debe ser necesario y proporcional a las necesidades de salud pública.

Pero no debemos perder de vista la gran sensibilidad de los datos personales en cuestión: estos datos pintan un cuadro claro de los viajes, la salud y las relaciones personales de los pasajeros aéreos. A la EFF le gustaría que el CDC explicara lo que hará para asegurar que estos datos sensibles sean usados sólo para contener enfermedades transmisibles. Por ejemplo, ¿qué medidas garantizarán que estos datos sean purgados cuando ya no sean útiles para el rastreo de contactos? También, ¿qué medidas de seguridad garantizarán que estos datos recién recogidos no sean utilizados por la policía para la lucha contra el crimen ordinario, o por el ICE para la aplicación de la ley de inmigración?

La EFF ha abogado durante mucho tiempo contra la vigilancia digital por parte del gobierno y las corporaciones de nuestros movimientos, salud y relaciones personales, y contra los grandes sistemas de datos que pueden convertir nuestras vidas en libros abiertos. Tal procesamiento de datos a menudo invade nuestra privacidad, disuade nuestra libertad de expresión y asociación, y carga de forma dispar a las minorías raciales. Cierto uso de grandes datos puede estar ahora justificado, ya que los funcionarios de salud pública trabajan para contener a COVID-19. Pero debe ser médicamente necesario, según lo determinen los expertos en salud pública; cualquier nuevo procesamiento de datos personales debe ser proporcional a la necesidad real; las personas no deben ser sometidas a escrutinio debido a su nacionalidad u otros factores demográficos; y cualquier nuevo poder gubernamental debe expirar cuando se contenga la enfermedad.