Nos alegra la noticia de que Facebook pone fin a una política que durante mucho tiempo ha privilegiado el discurso de los políticos sobre el de los usuarios comunes. El cambio de política, que fue anunciado el viernes por The Verge, es algo por lo que la EFF ha estado presionando desde 2019.

Por aquel entonces, el ejecutivo de Facebook Nick Clegg, antiguo político, hizo una famosa reflexión: "¿Sería aceptable para la sociedad en general que una empresa privada se convirtiera en un árbitro autoproclamado de todo lo que dicen los políticos? No creo que lo sea".

Tal vez Clegg tenga razón -hace tiempo que decimos que las empresas son árbitros ineficaces de lo que dice el mundo-, pero eso no justifica que los políticos tengan un nivel de exigencia inferior al de la persona media. Las normas internacionales tienen en cuenta al orador, pero sólo como uno de los muchos factores. Por ejemplo, el Plan de Acción de Rabat de las Naciones Unidas esboza una prueba de umbral de seis partes que tiene en cuenta "1) el contexto social y político, 2) la condición del orador, 3) la intención de incitar a la audiencia contra un grupo objetivo, 4) el contenido y la forma del discurso, 5) el alcance de su difusión y 6) la probabilidad de daño, incluida la inminencia". El Consejo de Supervisión de Facebook aprobó recientemente el Plan, como marco para evaluar la eliminación de publicaciones que puedan incitar a la hostilidad o la violencia.

Facebook se ha desviado mucho de la norma de Rabat gracias, en parte, a la política que finalmente repudia. Por ejemplo, ha vetado a cargos electos de partidos desfavorecidos por el gobierno de Estados Unidos, como Hezbolá, Hamás y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), todos los cuales aparecen en la lista de organizaciones terroristas designadas por el gobierno, a pesar de no estar legalmente obligados a hacerlo. Y en 2018, la compañía eliminó la cuenta del líder checheno Ramzan Kadyrov, alegando que estaban legalmente obligados después de que el líder fuera incluido en una lista de sanciones. Expertos legales familiarizados con la ley de sanciones internacionales han discrepado, alegando que las sanciones son de naturaleza económica y no se aplican a la expresión.

Así que esta decisión es un buen paso en la dirección correcta. Pero a Facebook le quedan muchos pasos por dar, entre ellos el de aprobar y aplicar por fin -y públicamente- los Principios de Santa Clara.

Pero en última instancia, el verdadero problema es que las decisiones políticas de Facebook tengan tanto poder en primer lugar. Vale la pena señalar que este movimiento coincide con un esfuerzo masivo para persuadir al Congreso de los Estados Unidos para imponer nuevas regulaciones que probablemente afianzarán el poder de Facebook sobre la libertad de expresión en los Estados Unidos y en todo el mundo. Si los usuarios, los activistas y, sí, los políticos quieren un progreso real en la defensa de la libertad de expresión, debemos luchar por un mundo en el que los cambios en las normas comunitarias de Facebook no merezcan titulares en absoluto, porque simplemente no importan tanto.