Hasta qué punto es transparente la policía con respecto a la tecnología de vigilancia? Depende de dónde se mire. Cuando se trata de niveles aceptables de secretismo en torno a las herramientas policiales, los estados han trazado sus líneas en lugares muy diferentes, lo que da lugar a algunas comunidades en las que es mucho más difícil que el público sepa qué herramientas invasivas se están utilizando.
Las leyes estatales de registros públicos están diseñadas para proporcionar a los residentes una forma de conocer las actividades de su gobierno. Su eficacia en la práctica es variable. No es raro que se ignoren las solicitudes relacionadas con las tecnologías de vigilancia. Los departamentos de policía disponen de unas pocas exenciones específicas que pueden aplicar para retener o redactar los registros, y suelen aplicarlas, como las destinadas a evitar que se retengan las "técnicas de aplicación de la ley", de forma amplia y a veces completamente inapropiada.
Esta variación ha repercutido en la capacidad de la EFF para catalogar los usos conocidos del CSS y otros equipos de vigilancia en todo Estados Unidos en el Atlas de Vigilancia. Los simuladores de sitios celulares (a menudo denominados IMSI catchers o stingrays) son un tipo de tecnología policial extremadamente sigilosa e invasiva de la privacidad. El dispositivo actúa como una torre de telefonía móvil legítima para engañar a los dispositivos dentro de un rango determinado para que se conecten a él. El CSS puede entonces localizar determinados dispositivos y, a veces, recoger o alterar información sensible sobre ellos, como los números a los que se llama, la duración de la llamada y el contenido de los mensajes enviados. Las fuerzas de seguridad consideran que los CSS son tan secretos que se sabe que desechan un caso criminal antes que revelar que han utilizado un CSS. Puedes obtener más información sobre los CSS aquí.
Aunque el Atlas hace un seguimiento de los CSS, gran parte de nuestros datos proceden de un proyecto de investigación de 2017 del periodista Kevin Collier, que a su vez se basa parcialmente en datos aún más antiguos recopilados por la ACLU. Durante muchos años, el principal proveedor de tecnología CSS fue Harris Corporation, pero en junio de 2020, la empresa dejó de vender estas herramientas a las fuerzas del orden. Eso significa que muchos organismos han empezado a comprar nuevos dispositivos a otras empresas.
La EFF trabajó esta primavera con estudiantes de la Escuela de Periodismo Reynolds de la Universidad de Nevada, en Reno, para actualizar y añadir más datos al Atlas de la Vigilancia. El personal de la EFF codirigió una clase sobre las leyes de registros públicos, y los estudiantes presentaron sus propias solicitudes de registros para saber más sobre el uso policial de los SOC, asi como drones (también conocidos como vehículos aéreos no tripulados). Su trabajo demostró que los departamentos de todo el país ofrecen una serie de respuestas a los miembros de la comunidad interesados en saber cómo se les vigila.
Los estudiantes de la UNR utilizaron el Atlas de la Vigilancia para identificar a los organismos que habían sido documentados previamente utilizando dispositivos CSS de la marca Harris Corporation y se dirigieron a ellos con solicitudes públicas a nivel estatal. Dado que se sabía que los organismos habían adquirido la tecnología, era de suponer que tendrían material de respuesta. Los estudiantes solicitaron información muy básica sobre la empresa a la que se compraron las herramientas y su importe, nada que pudiera poner en peligro una investigación. Algunos estudiantes recibieron docenas de registros y otros nada en absoluto.
El Departamento de Policía de Filadelfia, por ejemplo, todavía no ha enviado a la estudiante Autumn Oaks un acuse de recibo de la solicitud enviada sobre el uso de drones por parte del departamento, más de tres meses después de haberla enviado por primera vez.
La estudiante Gracie Gordon obtuvo del sheriff del condado de San Bernardino (al que la EFF demandó por rechazar las solicitudes de registros públicos relacionadas con los simuladores de sitios celulares) los registros que muestran que el departamento recurrió a la empresa de Carolina del Norte Tactical Support Equipment para un nuevo sistema de simulador de emplazamiento celular que costó 635.000 dólares.
El Departamento de Policía de Chicago, que anteriormente había utilizado CSS, dijo a la estudiante Samantha Welsh que no había registros que proporcionar porque ya no utilizan simuladores de sitios celulares. Mientras tanto, el condado de Erie, en Nueva York, optó por no responder en absoluto. A pesar de un período obligatorio de cinco días en el que el sheriff podía responder, después de cinco meses, no se ha proporcionado ningún acuse de recibo de la solicitud.
Los departamentos de policía de muchos estados compran y utilizan simuladores de sitios celulares (CSS) y otras tecnologías de vigilancia invasiva, pero las formas en que las comunidades pueden discutir su uso y el despliegue de otras tecnologías de vigilancia varían ampliamente. Por ejemplo, California exige que las políticas y el material de formación deben publicarse y se ha establecido la obligación de que los departamentos de policía presenten periódicamente informes públicos sobre la vigilancia y equipos de grado militar. Otra ley de California exige a las fuerzas del orden que utilicen simuladores de sitios celulares (CSS) para localizar y rastrear los teléfonos celulares de las personas a publicar sus políticas en línea. Pero en Virginia, esa misma información puede ocultarse por completo a la vista del público. Y a nivel federal, una excepción en materia de FOIA prohíbe la divulgación de información sobre "técnicas de aplicación de la ley" y es un conocido obstáculo para la divulgación.
Mientras que algunas agencias se mostraron dispuestas a proporcionar materiales como contratos y facturas de compras, otras negaron el acceso alegando una exención de técnicas de investigación. La exención, que puede aplicarse a discreción de la agencia, está diseñada para evitar la divulgación de materiales que revelen técnicas que, según la policía, podrían afectar a sus investigaciones. Los contornos exactos de la exención varían de un estado a otro, pero en general, la exención afirma que una agencia no tiene que ser transparente sobre ciertos métodos de investigación que utiliza, no sea que la divulgación de los registros proporcione suficiente información para que los delincuentes buscados y potenciales puedan evadir la ley.
La becaria de la EFF Melanie Mendez recibió una exención de este tipo del condado de Anne Arundel, en Virginia. La agencia le envió los registros de compras relacionados con una compra a KeyW Corporation por valor de más de medio millón de dólares, pero optó por redactar los nombres y las descripciones de los artículos reales comprados, citando la exención de técnicas de investigación.
Otros estudiantes recibieron versiones más amplias de la exención. Chesterfield, Virginia negó a Gracie Gordon el acceso a cualquiera de las políticas o procedimientos utilizados para gobernar el uso de CSS. El Fiscal General de Luisiana Escribió a Melanie que, aunque tenía registros que respondían, "estos registros se consideran técnicas de investigación".
La EFF lleva mucho tiempo abogando por una mayor transparencia en torno al uso de CSS, drones y otras tecnologías de vigilancia. La EFF apoya las ordenanzas locales que exigen la divulgación y la aprobación por parte de los órganos electos de las medidas tecnológicas de vigilancia porque estas medidas de "Control Comunitario de la Vigilancia Policial" (CCOPS) comparten con el público la toma de decisiones sobre la adquisición y el uso de tecnología de vigilancia invasiva por parte de una comunidad. Esto permite a una ciudad tomar mejores decisiones sobre cómo se asignan los recursos en lugar de basarse en las decisiones unilaterales de los policías que son presionados regularmente por los vendedores de tecnología. También ayudaría a garantizar que existe una transparencia básica en torno a la adquisición de una herramienta y a las políticas establecidas para orientar su uso adecuado.
Los departamentos de policía adquieren regularmente tecnología de vigilancia -incluido el CSS y también el reconocimiento facial, los drones y los lectores de matrículas- sin apenas avisar al público. Una solicitud formal de registros es a menudo una de las únicas maneras en que una comunidad puede enterarse de que sus fuerzas del orden locales han estado utilizando el reconocimiento facial o los simuladores de sitios celulares (CSS) u otras tecnologías invasivas. La negativa de los organismos policiales a facilitar información básica sobre las tecnologías de vigilancia en su respuesta a estas solicitudes, aplicando de forma variable el secreto en forma de exenciones y redacciones, significa que las comunidades tienen capacidades variables para contribuir y cuestionar a los organismos que deberían servirles.
