Ha sido un año tumultuoso para la libertad de expresión en todo el mundo. Desde apagones de Internet, medidas enérgicas contra la expresión y pactos a puerta cerrada hasta intentos de restringir el anonimato y el cifrado de extremo a extremo, en muchos lugares los derechos digitales están amenazados. Y aunque la Unión Europea ha avanzado en materia de regulación, en otras partes del mundo los esfuerzos por regular -especialmente los emprendidos por países autoritarios- amenazan con fracturar la Internet mundial. La EFF está profundamente comprometida en la lucha mundial por la libertad de expresión en línea. En 2022, trabajamos con la Alianza por los Derechos Humanos de la Digital Services Act para garantizar que los legisladores de la UE tengan en cuenta las repercusiones globales de la legislación europea. También nos unimos a la Alianza Árabe por los Derechos Digitales, una coalición de reciente creación que reúne a grupos de toda la región de Oriente Medio y Norte de África y a socios internacionales para proteger el espacio cívico en línea. Continuamos nuestra labor como miembros de larga data de la red IFEX. Y con la (prudente) vuelta a los viajes, participamos en varios foros internacionales, entre ellos la conferencia POINT de los Balcanes, FIFAfrica, Bread and Net en Líbano y la OSCE.
En colaboración con socios internacionales, hemos lanzado Proteger la pila, una iniciativa respaldada por más de 55 organizaciones de todo el mundo cuyo objetivo es garantizar que los proveedores de infraestructuras no se conviertan en policías de la palabra. También hemos puesto en marcha el programa Tracking Global Online Censorship, para supervisar el impacto de la moderación de contenidos en la libertad de expresión en todo el mundo.
Además de estos esfuerzos conjuntos, hubo bastantes lugares que merecieron especial atención. He aquí cinco amenazas actuales que vigilaremos el año que viene:
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La repulsiva ley anti-LGBTQ de Ghana
Ghana, una democracia constitucional con un fuerte compromiso con la libertad de expresión, se ha convertido en un centro tecnológico regional, lo que hace este proyecto de ley presentado por el parlamento ghanés aún más atroz. La legislación ghanesa ya penaliza la actividad sexual entre personas del mismo sexo, pero esta propuesta va más allá, amenazando con hasta cinco años de cárcel a cualquiera que se identifique públicamente como LGBTQI+ o con "cualquier identidad sexual o de género contraria a las categorías binarias de masculino y femenino". El proyecto de ley también penaliza identificarse como aliado LGBTQI+.
Hicimos un llamamiento a Twitter y Meta, que habían abierto oficinas en Accra, capital de Ghana (la oficina de Twitter ha sido cerrada desde entonces), para que se pronunciaran en contra del proyecto de ley, y animamos a los aliados mundiales a apoyar a las comunidades ghanesa LGBTQI+ y de derechos humanos para que se opusieran a su aprobación. Seguiremos atentos a la evolución de la situación.
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Represión de manifestantes y tecnólogos en Irán
En septiembre, la muerte de Jina (Mahsa) Amini a manos de la policía de la moralidad iraní desencadenó protestas que han continuado durante más de dos meses, a pesar de una brutal represión que ha incluido decenas de miles de detenciones y las ejecuciones de varios manifestantes antigubernamentales de alto perfil.
Entre las personas atacadas por las fuerzas gubernamentales desde el principio se encontraban varios tecnólogos y defensores de los derechos digitales. En octubre, nos unimos a nuestros amigos de Access Now, Article19 y Front Line Defenders emitiendo una declaración pidiendo a Irán que ponga fin a la persecución de la comunidad de derechos digitales y libere a los detenidos, entre ellos el especialista en tecnología Aryan Eqbal y el bloguero y tecnólogo Amiremad (Jadi) Mirmirani.
Eqbal quedó en libertad a principios de noviembre, y Mirmirani a mediados de diciembre, pero los iraníes siguen sufriendo graves amenazas a la libertad de expresión en Internet. Seguiremos trabajando con nuestros socios internacionales para llamar la atención sobre la situación.
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El último intento de Turquía de obstaculizar la libertad de expresión
Turquía, uno de los primeros en adoptar medidas para restringir las redes sociales, volvió a la carga en 2022 con una nueva ley destinada a frenar la desinformación. Siguiendo los pasos de su mutante imitación de la ley NetzDG de 2020, el gobierno turco pretende ahora combatir la desinformación con censura en forma de una ley de redacción imprecisa que prescribe tres años de prisión para quien publique "información falsa" con la intención de "instigar el miedo o el pánico" o "poner en peligro la seguridad del país, el orden público y la salud general de la sociedad."
La ley fue recibida con condena dentro y fuera de Turquía, y nosotros nos hicimos eco de ese sentimiento. Estaremos atentos a la repercusión de la normativa en el discurso durante el próximo año.
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Las amenazas de Arabia Saudí a los derechos en línea
Arabia Saudí nunca ha ofrecido un espacio para la libertad de expresión, ni en Internet ni fuera de él, pero mientras el país intenta mejorar su reputación internacional con desarrollos como la ciudad inteligente NEOM -apenas unos años después de su brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi-, sus sorprendentes medidas para restringir la libertad de expresión nos hacen prestar mucha atención al Estado del Golfo.
En 2022, Arabia Saudí impuso penas de prisión sorprendentemente duras a dos usuarios de Twitter, uno de ellos ciudadano estadounidense. La otra, Salma al-Shehab, estudiante de la Universidad de Leeds (Reino Unido), fue detenida a su regreso a Arabia Saudí y recluida durante más de un año antes de ser condenada a la friolera de 34 años de prisión, a los que seguiría una prohibición de viajar durante 34 años. ¿Su "delito"? Compartir contenidos en apoyo de presos de conciencia y defensoras de los derechos humanos. Su condena supera en cuatro años la pena máxima prevista por la legislación antiterrorista del país para actividades como el suministro de explosivos o el secuestro de aviones.
En octubre, nos unimos a más de una docena de organizaciones internacionales para pedir al gobierno británico que presionara por su liberación, y hemos seguido vigilando su caso. A la luz de ambos casos y de otras violaciones de derechos cometidas por el gobierno saudí, también pedimos a Google que abandonara sus planes de abrir un centro de datos en el país. Y ahora que Arabia Saudí es uno de los mayores inversores de Twitter, tenemos más motivos para vigilar de cerca las relaciones de Silicon Valley con este país violador de los derechos humanos.
En octubre, nos unimos a más de una docena de organizaciones internacionales para pedir al gobierno británico que presionara por su liberación, y hemos seguido vigilando su caso. A la luz de ambos casos y de otras violaciones de derechos cometidas por el gobierno saudí, también pedimos a Google que abandonara sus planes de abrir un centro de datos en el país. Y ahora que Arabia Saudí es uno de los mayores inversores de Twitter, tenemos más motivos para vigilar de cerca las relaciones de Silicon Valley con este país violador de los derechos humanos.
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La brutal represión de Alaa Abd El Fattah en Egipto
Esperábamos que 2022 fuera el año en que veríamos al tecnólogo, activista y escritor Alaa Abd El Fattah libre y reunido con su familia. El caso de Alaa, amigo de la EFF, ha sido uno de los pilares de nuestra labor de defensa internacional durante muchos años. Este año, en vísperas de la Cumbre COP27 -organizada por Egipto a pesar de las objeciones internacionales-, Alaa decidió intensificar su huelga de hambre, poniendo su vida en grave peligro pero también llamando la atención sobre su difícil situación. Al final, las protestas en torno a la COP27 para pedir su libertad y la de otros presos políticos egipcios eclipsaron las negociaciones sobre el clima.
Alaa fue uno de los tres ganadores de los Premios EFF 2022, y aunque estamos orgullosos de honrar sus logros, el momento fue agridulce: A pesar de las peticiones del gobierno británico, de varios miembros del Congreso estadounidense y de una amplia franja de la comunidad internacional, Alaa sigue en prisión.
Pero, por decirlo con sus propias palabras, aún no hemos sido derrotados: Alaa puso fin a su huelga de hambre a mediados de noviembre y finalmente se le permitió visitar a su familia poco después. Todavía hay esperanza, y la familia, los amigos y los aliados de Alaa en todo el mundo siguen luchando por su libertad. la última petición (enlace externo) es para que los electores del Reino Unido y Estados Unidos escriban a sus miembros del Parlamento y Congreso respectivamente. Esperamos que Alaa recupere por fin su libertad en 2023, y no dejaremos de luchar hasta que lo haga.
Este artículo forma parte de nuestra serie Year in Review. Leer otros artículos sobre la lucha por los derechos digitales en 2022.
