El Tribunal Supremo está a punto de conocer un caso que podría afectar drásticamente a los derechos de expresión de los usuarios en Internet. La EFF ha presentado un escrito explicando lo que está en juego e instando al tribunal a preservar la ley clave que protege la expresión de los usuarios, 47 U.S.C § 230 (Sección 230.)

En el caso González contra Google, los demandantes presentan un argumento radical sobre la Sección 230. Han pedido al Tribunal Supremo que dictamine que la Sección 230 no protege las recomendaciones que recibimos en línea ni la forma en que se muestran determinados contenidos. Han pedido al Tribunal Supremo que dictamine que la Sección 230 no protege las recomendaciones que recibimos en línea, o cómo se organizan y muestran determinados contenidos. Según los demandantes, la legislación estadounidense permite demandar a los propietarios de sitios web y aplicaciones si hacen una recomendación incorrecta.

En nuestro informe, la EFF explica que las recomendaciones en línea y las disposiciones editoriales son la versión digital de lo que los periódicos impresos han hecho durante siglos: dirigir la atención de los lectores hacia lo que pueda interesarles más. Los periódicos hacen esto con la colocación de los artículos, el tamaño de la letra y el uso de fotografías. Decidir hacia dónde dirigir a los lectores forma parte de la discreción editorial, protegida desde hace tiempo por la Primera Enmienda.

Si los tribunales restringen la Sección 230, veremos un Internet censurado

Si se aceptan los argumentos de los demandantes y se reduce la Sección 230, Internet, tal como la conocemos, podría cambiar radicalmente.

En primer lugar, las plataformas en línea ejercerían una severa censura. En abril de 2022, había más de 5.000 millones de personas en línea, de las cuales 4.700 millones utilizaban plataformas de redes sociales. El año pasado, los usuarios de YouTube subieron 500 horas de vídeo por minuto. Exigir una revisión humana previa a la publicación es inviable incluso para plataformas de tamaño moderado. Por su parte, las herramientas automatizadas suelen censurar contenidos legales y valiosos creados por periodistas, activistas de derechos humanos y artistas. Muchas plataformas pequeñas, incapaces incluso de acceder a estas herramientas automatizadas defectuosas, cerrarían.

El caso González se refiere a acusaciones de que Google recomendaba contenidos relacionados con el terrorismo. Si los sitios web y las aplicaciones pueden ser castigados severamente por recomendar ese tipo de contenidos, es muy probable que limiten toda la expresión relacionada con el terrorismo, incluida la lucha contra el terrorismo y el análisis crítico por parte de periodistas y analistas de inteligencia. Las herramientas automatizadas que se utilizan para marcar contenidos no pueden saber si el tema se está debatiendo, comentando, criticando o promoviendo. Esta censura también podría dificultar el acceso a información básica sobre acontecimientos del mundo real, incluidos los atentados terroristas.

En segundo lugar, es probable que los intermediarios en línea dejen de ofrecer recomendaciones de nuevos contenidos. Para evitar la responsabilidad por recomendaciones que otros aleguen más tarde que han provocado daños, es probable que los servicios vuelvan a presentar los contenidos por orden cronológico contundente, un sistema que resulta mucho menos útil para navegar por los vastos mares de información en línea (en particular, un periódico o una revista nunca utilizarían un sistema así).

En tercer lugar, los demandantes quieren crear una distinción legal bajo la Sección 230 relacionada con las URL (los Localizadores Uniformes de Recursos de Internet, las direcciones que empiezan por "http://"). Argumentan que la Sección 230 protege al servicio de la responsabilidad por alojar el contenido generado por el usuario, pero no debería proteger al servicio por proporcionar una URL para que otros puedan acceder al contenido. El Tribunal Supremo debería rechazar la idea de que las URL puedan quedar exentas de la protección de la Sección 230. El argumento es erróneo tanto desde el punto de vista jurídico como técnico. Los usuarios dirigen la creación de URL cuando suben contenidos a un servicio. Además, la Sección 230 no contiene ningún texto que indique que el Congreso quería crear una distinción tan sutil. Fallar como argumentan los demandantes, paralizaría los servicios en línea en toda la "pila" de Internet, no solamente las empresas de redes sociales. El principal medio por el que todo el mundo accede a los contenidos en línea -la URL- se convertiría en una responsabilidad legal si el enlace condujera a contenidos censurables.

La Sección 230 ha permitido el florecimiento de la cultura en línea

Al principio de la era digital, el Congreso vio que Internet sería una poderosa herramienta para crear y encontrar comunidades diversas. Tenían razón. Instituciones culturales y educativas como Wikipedia, el Archivo de Internet y los proyectos de historia oral de la Biblioteca del Congreso enriquecen nuestras vidas, y todas ellas se benefician de las protecciones del artículo 230. Cada tablón de anuncios, servicio de correo electrónico, sitio de medios sociales y mercado en línea florece gracias al artículo 230. Todos los tablones de anuncios, servicios de correo electrónico, redes sociales y mercados en línea prosperan gracias al artículo 230. La ley obliga a los usuarios a rendir cuentas de sus actos. La ley responsabiliza a los usuarios de su propia expresión, al tiempo que permite una moderación más especializada para sitios e intereses específicos.

Está previsto que el tribunal escuche los alegatos orales en este caso el 21 de febrero de 2023. Al escrito de la EFF se han unido la American Library Association, la Association of Research Libraries, la Freedom to Read Foundation y el Internet Archive. Puede leer el  completo  escrito  aquí. También hemos presentado un escrito en un caso relacionado que se verá en el Tribunal Supremo el mes que viene, Taamneh contra Twitter. 

A medida que Internet ha ido creciendo, también lo han hecho sus problemas. Pero hay formas de abordar esos problemas sin debilitar una ley que protege la expresión digital de todos. La EFF ha respaldado varias vías en ese sentido, incluida una legislación integral sobre privacidad y una renovada antimonopolioacción . Eliminar la protección de la expresión en línea, y la moderación en línea, sería un enfoque insensato y perjudicial. El Tribunal Supremo debería aprovechar el caso González como una oportunidad para garantizar que la Sección 230 siga ofreciendo una amplia protección de los derechos de los usuarios de Internet.

• Escrito de Amici Curiae Electronic Frontier Foundation et al. en apoyo de la Demandada