En 2021, el condado de San Mateo (California) prohibió a las personas encarceladas en prisiones del condado recibir correo físico. En su lugar, se exigió a familiares y amigos que enviaran sus cartas a Smart Communications, una empresa privada con ánimo de lucro con sede en Florida que escanearía y destruiría esas cartas para que las personas encarceladas tuvieran que acceder a ellas digitalmente a través de un número limitado de tabletas y quioscos compartidos en espacios públicos dentro de las cárceles.
Por ello, la Electronic Frontier Foundation, el Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia y la Social Justice Legal Foundation presentaron una denuncia la semana pasada contra esta política inconstitucional.
La demanda se presentó en nombre de cinco personas encarceladas en prisiones del condado de San Mateo, varios de sus familiares y A.B.O. Comix, un colectivo de artistas que mantienen correspondencia con personas encarceladas. En la demanda se argumenta que la nueva política de correspondencia vulnera los derechos de expresión, asociación y privacidad de las personas encarceladas en las prisiones del condado, así como de sus familiares, amigos y simpatizantes que les envían cartas. Esta demanda es el primer gran desafío a la digitalización del correo personal en las cárceles de Estados Unidos.
La política actual invade la intimidad de las 850 personas encarceladas en la prisión de Redwood City, así como la de sus familias. Con solo unas pocas tabletas para repartir, este procedimiento es también una forma cruel de limitar el acceso a las comunicaciones de familiares y amigos, al reducir drásticamente la capacidad de una persona para dedicar tiempo a leerlas. También es difícil exagerar exactamente cuan importante es la correspondencia escrita para las personas que se encuentran en cárceles y prisiones de Estados Unidos: un verdadero salvavidas con el mundo exterior.
Esta demanda también marca el compromiso de la EFF para detener la tendencia actual que busca privatizar aspectos del sistema carcelario con fines de lucro, así como despojar de privacidad a las personas encarceladas. Otra práctica de este tipo es el cobro de tarifas exorbitantes por llamar por teléfono a familiares, un plan que Connecticut acaba de declarar ilegal.
En todo el país, más de 500.000 personas están encarceladas en prisiones de condado como la de Redwood City, 427.000 de las cuales son mujeres. los cualesde las cuales no han sido declaradas culpables y siguen a la espera de juicio. Es de esperar que esta demanda siente un importante precedente en el sentido de que esas personas y sus familias, amigos y corresponsales tienen derechos fundamentales que no deben ser pisoteados en los continuos intentos de sacar dinero de las interacciones de la gente con el sistema de justicia penal.
Puede leer la denuncia completa de la EFF contra el Condado de San Mateo aquí.
