La ciudad de Nueva York está desmantelando una infraestructura comunitaria de banda ancha de bajo coste en viviendas públicas que, de contar con apoyo, podría proporcionar acceso de calidad a Internet a cientos de miles de familias. Está siendo sustituida por una subvención gubernamental de 90 millones de dólares y tres años de duración, denominada "Big Apple Connect", que en su lugar otorga un contrato a los grandes proveedores de Internet Optimum y Spectrum Communications (Charter).

Esta red de banda ancha existente fue construida en 2021 principalmente por tres cooperativas comunitarias: Metro IAF, BlocPower y People's Choice Communications (PCC). Estas cooperativas construyeron esta red después de que el anterior alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunciara en enero de 2020 el Plan Maestro de Internet de Nueva York, que se proponía ofrecer banda ancha a los neoyorquinos con bajos ingresos invirtiendo en infraestructuras públicas de fibra. Desde entonces, la pandemia de 2020 ha dejado al descubierto una brecha digital que la actual alcaldía sabe que debe intentar salvar. Sin embargo, en lugar de aprovechar la infraestructura de red ya instalada, parece que la Oficina de Tecnología e Innovación (OTI) del alcalde está optando por derribarla. En su lugar, la ciudad está concediendo este enorme contrato de tres años a grandes empresas de telecomunicaciones, entre ellas una que ya ha faltado a la verdad a los neoyorquinos. 

El cable ya ha fallado en Nueva York

Charter, la empresa matriz de Spectrum, ha sido controvertida en el Estado de Nueva York durante años. No solo por sus peleas de cinco años en primera plana con los sindicatos, sino también porque la empresa tiene un mal historial a la hora de cumplir sus promesas. Charter Communications tuvo que pagar 174,2 millones de dólares en un acuerdo con la oficina de la entonces fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood, tras una demanda de 2017 en la que la oficina del fiscal general de Nueva York demandó al proveedor de internet por afirmaciones engañosas sobre las velocidades de internet. La demanda, dirigida entonces por el fiscal general Eric Schneiderman, afirmaba que las velocidades eran hasta un 80% más lentas de lo que Spectrum había anunciado.  En ese acuerdo de 174,2 millones de dólares se incluían pagos a 700.000 de sus clientes, que oscilaban entre 75 y 150 dólares. La oficina del Fiscal General lo calificó entonces como "el mayor acuerdo jamás alcanzado por un proveedor de servicios de Internet con los consumidores."

Todo eso ha hecho que muchos neoyorquinos se muestren muy escépticos ante Spectrum. Esa es una de las razones por las que las opciones alternativas de las cooperativas comunitarias resultaban tan atractivas. De hecho, los orígenes de PCC se asientan en esa huelga de trabajadores: fue fundada por miembros de IBEW Local 3 que se declararon en huelga en 2017 y pusieron en marcha la cooperativa para cubrir necesidades en la ciudad que Spectrum no cubría. Ahora se le está diciendo a PCC que retire su infraestructura, mientras que este programa de banda ancha comunitaria de bajo coste está siendo desechado a favor de un acuerdo que potencialmente le da a Charter la mitad de un contrato de 90 millones de dólares. Para muchos, esto es una bofetada en la cara. Desde luego, no ayuda a la ya mala reputación del cable entre los consumidores y los trabajadores de Nueva York. 

El futuro de la banda ancha en Nueva York

La gente merecía tener acceso a la infraestructura de banda ancha de propiedad comunitaria que existía. Estaban satisfechos con el servicio y confiaban en un modelo de propiedad cooperativa que ofrecía una alternativa a las grandes compañías de cable. Al fin y al cabo, hay grandes diferencias entre los servicios de Big Apple Connect y los de PCC. Por un lado, PCC ofrece servicio de Internet por entre 10 y 20 dólares al mes. También ofrecía a los beneficiarios de su servicio la posibilidad de participar en la toma de decisiones de la cooperativa: de acuerdo con su modelo de propiedad comunitaria, PCC tenía previsto crear un consejo asesor en cada complejo de la Autoridad de la Vivienda de Nueva York (NYCHA) para colaborar con residentes y trabajadores en asuntos como el aumento de las tarifas. Ahora, los residentes deben preguntarse "¿qué pasará cuando se acabe 'Big Apple Connect'?". También les preocupa que sus tarifas vuelvan a subir cuando termine el programa, y que estas compañías de cable vuelvan a aprovecharse de ellos.

Un contrato temporal de tres años podría empeorar esta situación y el problema de la discriminación digital sistémica (una práctica del sector que la EFF ha pedido a los gobiernos que prohíban) en Nueva York. Cuando finalice el contrato, todos estos hogares con bajos ingresos se quedarán sin una opción de banda ancha de bajo coste y dependerán únicamente de las grandes empresas de telecomunicaciones, que nunca subirían las tarifas ni ofrecerían velocidades más bajas, ¿verdad?