El Parlamento de Jordania ha aprobado recientemente una nueva ley de ciberdelincuencia que restringirá gravemente los derechos humanos individuales en todo el país. Ahora que la ley se dirige al Senado jordano y al rey Abdullah II de Jordania para su aprobación final, la FEP y otras 18 organizaciones de la sociedad civil han escrito al rey de Jordania instando a que se rechace el proyecto de Ley de Ciberdelincuencia 2023 del país.
La ley se ha promulgado precipitadamente y sin un examen suficiente de sus aspectos jurídicos, sus implicaciones sociales y su impacto en los derechos humanos. Más concretamente, impone penas de prisión y cuantiosas multas por delitos vagos y no especificados, como "difamación", "difusión de noticias falsas" y "blasfemia".
El proyecto de ley de ciberdelincuencia también otorga autoridad sin restricciones al fiscal y al poder ejecutivo para bloquear plataformas de medios sociales y emitir órdenes para controlar su contenido sin necesidad de una decisión judicial, lo que limita el acceso a plataformas específicas en Jordania. Además, la ley impone restricciones al cifrado y al anonimato en las comunicaciones digitales, impidiendo a las personas salvaguardar su derecho a la libertad de opinión y expresión y su derecho a la privacidad.
Instamos al rey de Jordania a que rechace la Ley de Ciberdelincuencia de 2023 hasta que se realicen suficientes consultas sobre sus disposiciones con las personas, la sociedad civil y los partidos políticos para garantizar su conformidad con los derechos humanos y subsanar las deficiencias existentes.
La carta continúa:
La ley en su forma actual -con su terminología poco definida y abierta a la interpretación- se convertirá inevitablemente en una herramienta para procesar a personas inocentes por su expresión en línea.
Creemos que muchas disposiciones de la ley permiten la detención preventiva injusta o innecesaria, y no ofrecen garantías para los derechos de las personas afectadas. Esto constituye una violación del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que "Toda persona que haya sido víctima de detención o prisión ilegal tendrá derecho efectivo a indemnización."
