El post ha sido escrito por Laura Vidal (PhD), investigadora independiente en aprendizaje y derechos digitales.

Esta es la primera parte de una serie. La segunda parte, sobre el legado de la vigilancia estatal en Venezuela, está aquí.

Cuando miles de venezolanos salieron a las calles de todo el país para exigir transparencia en los resultados de las elecciones de julio, la represión subsiguiente se ha descrito como la más dura hasta la fecha, y la tecnología ha desempeñado un papel fundamental para facilitar esta represión.

Las elecciones presidenciales en Venezuela marcaron el inicio de un nuevo capítulo en la actual crisis política del país. Desde el 28 de julio, las fuerzas de seguridad del país han emprendido una dura represión contra las manifestaciones, que se ha saldado con 20 muertos. Los resultados anunciados por el gobierno, en los que se proclamaba la reelección de Nicolás Maduro, han sido fuertemente contestados por líderes políticos dentro de Venezuela, así como por la Organización de Estados Americanos (OEA) y gobiernos de toda la región.

En los días posteriores a las elecciones, la oposición -encabezada por los candidatos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado- impugnó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de otorgar la presidencia a Maduro. Pidieron una mayor transparencia en el proceso electoral, en particular en lo que respecta a la publicación de las actas originales, que son esenciales para confirmar o impugnar los resultados de las elecciones. En la actualidad, estas actas originales siguen sin publicarse.

Ante la falta de datos oficiales, la coalición que apoya a la oposición -conocida como Comando con Venezuela- presentó las actas de escrutinio obtenidas por testigos de la oposición la noche del 29 de julio. Estas se hicieron públicas en un portal independiente llamado "Resultados Presidenciales 2024", accesible a cualquier usuario de Internet con documento de identidad venezolano.

El gobierno respondió con represión y numerosos casos de represión y violencia apoyados por la tecnología. Se intensificó el uso del aparato de vigilancia y control, como el mayor despliegue de VenApp, una aplicación de vigilancia lanzada originalmente en diciembre de 2022 para denunciar fallos en los servicios públicos. Promovida por el presidente Nicolás Maduro como un medio para que los ciudadanos denunciaran a sus vecinos, VenApp se ha integrado en el sistema más amplio de control estatal, animando a los ciudadanos a denunciar actividades consideradas sospechosas por el Estado y afianzando aún más una cultura de vigilancia.

Otros informes indicaban el uso de drones en diversas regiones del país. El aumento de las detenciones y los registros en los aeropuertos ha afectado especialmente a defensores de los derechos humanos, periodistas y otros grupos vulnerables. A esto se ha sumado la anulación de pasaportes y otras formas de intimidación, creando un entorno en el que muchos se sienten atrapados y temerosos de hablar.

El efecto combinado de estas tácticas es la sensación generalizada de que es más seguro no destacar. Muchas ONG han empezado a reducir la visibilidad de sus miembros en las redes sociales, algunas personas se han negado a conceder entrevistas, han publicado violaciones de derechos humanos documentadas con nombres genéricos y los periodistas han recurrido a avatares generados por inteligencia artificial para proteger sus identidades. Cada vez son más las personas que configuran sus perfiles en las redes sociales como privados y cambian sus fotos de perfil para ocultar sus rostros. Además, muchos envían ahora información sobre lo que ocurre en el país a sus redes en el extranjero por temor a represalias.

Estas acciones conducen a menudo a detenciones arbitrarias, y las fuerzas de seguridad exhiben públicamente a los detenidos como trofeos, utilizando material de las redes sociales y pistas de informantes para justificar sus acciones. La clara intención de estas tácticas es intimidar, y han sido eficaces para silenciar a muchos. Esta represión digital suele ir acompañada de tácticas fuera de línea, como marcar las residencias de figuras de la oposición, lo que afianza aún más el clima de miedo.

Sin embargo, este aspecto digital de la represión dista mucho de ser un acontecimiento repentino. Estos acontecimientos recientes son la culminación de años de esfuerzos sistemáticos para controlar, vigilar y aislar a la población venezolana, una estrategia que se inspira tanto en decisiones internas como en el manual de otros regímenes autoritarios.

En respuesta, la sociedad civil venezolana sigue resistiendo y, en agosto, la EFF se unió a más de 150 organizaciones y personas en una carta abierta en la que se ponía de relieve la violencia política en Venezuela facilitada por la tecnología. Lea más sobre esta historia más amplia de la vigilancia en Venezuela y la resistencia de la sociedad civil en la segunda parte de esta serie, disponible aquí.