Nos encanta San Francisco. Es el hogar de la EFF y a menudo es un ejemplo para otras ciudades en lo que respecta al uso de la tecnología y las libertades civiles. Ayudamos a que San Francisco fuera la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir el uso gubernamental del reconocimiento facial, y una de las primeras en exigir que la comunidad pueda decidir si la policía puede usar tecnología de vigilancia.
Por desgracia, San Francisco tomó un rumbo errado en 2022. A pesar de las objeciones de muchos grupos dentro de la comunidad, la Junta de Supervisores aprobó una legislación temporal permitiendo a la policía acceder en vivo a las cámaras de seguridad privadas para hacer frente a cualquier delito, por menor que sea. Volveremos en 2024, cuando expire la ordenanza, para exigir que la ciudad no reinicie este programa de vigilancia.
La prolongada lucha comenzó a principios de 2022 con la amenaza de un duelo de medidas electorales sobre si reforzar o debilitar la ordenanza de control de la vigilancia. Se logró formar una coalición y las medidas fueron retiradas. Desde entonces la lucha se trasladó a una nueva propuesta que autoriza una ordenanza específica de vigilancia. El proyecto de ley permitiría a la policía solicitar al propietario de cualquier cámara de seguridad privada acceso a la transmisión en directo hasta 24 horas después de un presunto delito, así como durante cualquier "acontecimiento significativo".
La propuesta de la SFPD permitía a la policía acceder a miles de cámaras de vigilancia privadas, incluidas las situadas fuera de residencias y negocios, así como a las enormes redes de cámaras de vigilancia de los numerosos Distritos de Mejora Comercial y Distritos de Beneficio Comunitario de diversos barrios de la ciudad. Antes de la nueva legislación, la policía únicamente podía solicitar grabaciones históricas de estas cámaras. Pero esta nueva propuesta otorgaba a la policía el poder de vigilar en directo "acontecimientos significativos", definidos como cualquier "acontecimiento grande o de gran repercusión", lo que implica a personas que ejercen sus derechos amparados por la Primera Enmienda durante protestas o reuniones religiosas. Esta preocupación está lejos de ser hipotética: la EFF y la ACLU del Norte de California demandaron a la ciudad después de que la policía de San Francisco accediera a la red de cámaras de un distrito comercial para vigilar las protestas durante 8 días tras el asesinato policial de George Floyd en el verano de 2020.
Desafortunadamente, a finales de septiembre, la Junta de Supervisores aprobó, mediante votación de 7 votos frente a 4, concediendo estos nuevos poderes a la SFPD. Deberían haber escuchado las objeciones de la comunidad. El departamento de policía nunca logró describir, con claridad, una situación real donde este nuevo poder sería más útil para la seguridad pública que los poderes existentes.
Afortunadamente, este proyecto de ley tiene una vigencia limitada: en 15 meses, el Departamento de Policía de San Francisco pierde su nuevo poder para acceder a las cámaras no urbanas. Eso es una victoria parcial, basada en la oposición de muchos vecinos de San Francisco a cualquier acceso de la SFPD a estas cámaras. Así que dentro de 15 meses, tenemos otra oportunidad de ponernos las botas, desempolvar nuestros megáfonos y luchar como locos para protejer a los sanfranciscanos de las extralimitaciones policiales.
