La nueva ley de derechos de autor de México fue aprobada apresuradamente por el Congreso sin un debate o consulta adecuados, y eso es un problema, porque la ley - una copia al por mayor del sistema de derechos de autor de EE.UU. - crea riesgos únicos para los derechos humanos del pueblo mexicano, y la fortuna comercial de las empresas y trabajadores mexicanos.
La ley mexicana contiene tres disposiciones preocupantes:
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Filtros de derechos de autor: estos sistemas de censura automatizados eliminan el contenido de Internet sin revisión humana y son una forma de "restricción previa" ("censura previa" en el lenguaje jurídico mexicano), que es ilegal según el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la Corte Suprema de México ha afirmado que forma parte de la ley de libertad de expresión mexicana (México tiene un conjunto excepcional de protecciones constitucionales para la libertad de expresión).
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Medidas técnicas de protección: Las "TPM" (incluidas las herramientas de "gestión de derechos digitales" o "DRM") son los candados digitales que los fabricantes utilizan para limitar la forma en que los propietarios de sus productos pueden utilizarlos, y para crear barreras jurídicas a los productos de la competencia y la embarazosa revelación de los defectos de seguridad de sus productos. Al igual que el sistema de derechos de autor de los Estados Unidos, el sistema de México no crea exenciones fiables para la conducta legal.
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Aviso y desmontaje: Sistema que permite a cualquier persona que se precie de ser titular de un derecho de autor retirar rápidamente material de Internet, sin ningún tipo de supervisión judicial ni siquiera la presentación de pruebas. La nueva ley mexicana puede ser fácilmente objeto de abuso por parte de delincuentes y funcionarios corruptos que pueden utilizar el derecho de autor para obligar a los proveedores de servicios en línea a entregar los datos personales delicados de sus críticos, simplemente fingiendo ser víctimas de una infracción del derecho de autor.
Este sistema tiene graves implicaciones para los derechos humanos de los mexicanos, más allá de la libertad de expresión y la seguridad de TKcybers.
En este nuevo sistema están implícitos los derechos de los mexicanos a la educación, la reparación y la adaptación de las personas con discapacidad.
La nueva ley contiene un lenguaje que parece proteger estas actividades, pero ese lenguaje es engañoso, ya que la ley exige que los mexicanos satisfagan condiciones inalcanzables y se sometan a promesas vagas, con consecuencias nefastas por equivocarse. Hay cuatro formas en que estas exenciones no son adecuadas para el propósito:
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Propósito único. Las exenciones especifican que uno debe actuar con el "único propósito" de la actividad exenta - un investigador de seguridad debe estar investigando un dispositivo con el único propósito de reparar sus defectos, pero no para – presumiblemente - avanzar en el estado de la investigación de seguridad en general, o para proteger la privacidad y la autonomía de los usuarios de una computadora, sistema o red en formas que entren en conflicto con lo que el fabricante consideraría como la seguridad del dispositivo.
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No comercial. Las exenciones también suelen cubrir solamente las exenciones a los actores "no comerciales", lo que implica que sólo se puede modificar un sistema si se puede hacer uno mismo, o si se puede encontrar a alguien más que lo haga gratuitamente. Si eres ciego y quieres convertir un libro electrónico para poder leerlo con tu lector de pantalla, tienes que escribir el código tú mismo o encontrar un voluntario que lo haga por ti - no puedes pagar a otra persona para que haga el trabajo.
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De buena fe. Las exenciones requieren frecuentemente que quien las use actúe de "buena fe", un término impreciso que puede ser materia de opinión discordante, sobre todo en casos en el interés comercial choca con el de los investigadores. Si un juez no cree que estuviste actuando de buena fe, podrías enfrentarte tanto a multas como a sanciones penales.
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Sin herramientas. Aunque esté seguro de que actúa con el único propósito de ejercer una exención y lo hace de forma no comercial y de buena fe, sigue atascado. Porque si bien la ley reconoce en términos generales que debe haber un proceso para crear exenciones para las personas que evitan los candados digitales, no provee un procedimiento similar para quienes fabrican herramientas para esos propósitos.
Los defectos de la ley mexicana están en gran parte presentes en la ley estadounidense de la que se copiaron. Es revelador que ningún acusado estadounidense haya utilizado con éxito ninguna de estas exenciones, no en 22 años. De hecho, la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. ha afirmado repetidamente que estas exenciones no son adecuadas para el propósito.
La experiencia de EE.UU. revela las formas en que una ley de derechos de autor mal redactada puede interferir con la educación:
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Los materiales educativos se eliminan de la Internet debido a reclamaciones incorrectas o fraudulentas de derechos de autor, sin previo aviso, lo que deja a los maestros que se basaron en esos materiales con agujeros en su programa de estudios;
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Los materiales educativos se eliminan automáticamente de Internet debido a errores de filtro de derechos de autor, y también a que los profesores se quedan sin material curricular.
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Los educadores no pueden hacer un uso legal de los materiales adquiridos para sus estudiantes porque están bloqueados por los TPM que legalmente tienen prohibido eludir.
Cada vez más, las empresas dominantes han utilizado el control de las reparaciones como fuente de beneficios monopolísticos inmerecidos. Al controlar las reparaciones, las empresas no sólo pueden obligar a los clientes a pagar precios más altos por las reparaciones y a utilizar piezas originales más caras y rentables, sino que también pueden obligar a los clientes a desechar sus aparatos y a comprar otros nuevos, declarando que no pueden ser reparados.
Establecer penalidades para los que evaden los TPM son un regalo para cualquier compañía que busque controlar las reparaciones. Las compañías usan los TPM para que incluso después de que la pieza correcta sea instalada, el dispositivo se niega a funcionar a menos que un técnico de la compañía introduzca un código de desbloqueo.
Lo que es preocupante es que esta conducta se ha extendido al mundo de los dispositivos médicos, en el que las empresas multinacionales utilizan las TPM para impedir la reparación de los respiradores.
En la vanguardia del movimiento del Derecho a la Reparación se encuentran los agricultores, que deben hacer frente tanto a una ubicación remota (lejos de los técnicos autorizados) como a plazos urgentes (es necesario hacer llegar la cosecha antes de que llegue la tormenta, aunque el técnico autorizado no pueda salir antes).
Durante la pandemia mundial muchos de nosotros vivimos en condiciones familiares para los agricultores, colgando al final de una larga, lenta y poco fiable cadena de suministro y enfrentándonos a necesidades urgentes.
La tecnología es diseñada principalmente en el norte global por ingenieros y especialistas en productos cuyas vidas son muy diferentes a las de las personas del sur global. Los mexicanos han confiado durante mucho tiempo en su propio ingenio y dominio técnico para modificar, reparar y adaptar sistemas construidos por personas lejanas en tierras extranjeras para que se ajusten a su propia experiencia vivida en su propia tierra.
La ley mexicana no provee ninguna protección para reparaciones que demandan el uso de material protegido por derechos de autor.
La reparación es una parte vital de la autodeterminación, y la ley de derechos de autor mexicana pone los intereses de las empresas extranjeras monopolistas y buscadoras de rentas por delante de los derechos de los mexicanos para decidir cómo van a usar su propia propiedad.
En ningún lugar se siente más la necesidad de la autodeterminación tecnológica que cuando se trata de personas con discapacidades.
El grito de guerra del movimiento de la discapacidad es "nada sobre nosotros sin nosotros", significando, entre otras cosas, que cada persona con una discapacidad debe tener la última palabra sobre cómo funciona su tecnología.
El principio del "diseño universal" -diseño que permite a cada cuerpo y cada mente participar plenamente en la vida- significa que todos nos beneficiamos, ya sea utilizando subtítulos para ver un vídeo en un entorno ruidoso o para aprender un idioma extranjero; o utilizando lupas de pantalla para leer textos pequeños o de bajo contraste.
La tecnología digital encierra la promesa de increíbles avances en el diseño universal: generación automatizada de subtítulos y descripción de escenas, sistemas adaptativos que anticipan la intención del usuario basados en el análisis estadístico de su uso histórico, introducción de texto predictivo y más. Algunas de estas adaptaciones vendrán de los fabricantes originales, pero no muchos vendrán de la comunidad de usuarios de esas tecnologías.
Las personas con discapacidades no deben enfrentar ninguna condición en cuanto a cómo adaptan su tecnología o con quién deciden trabajar para hacer las adaptaciones en su nombre. Ninguna. Punto.
Las personas con discapacidades no tienen necesariamente cada conocimiento técnico para modificar sus propios dispositivos, por sí mismos para adaptarse a sus necesidades. La exención para las personas con discapacidades en la ley mexicana es totalmente inadecuada. Impide la contratación de otra persona para efectuar una modificación (que sería una "actividad comercial") y excluye la investigación de propósito general que ayude a la adaptación por qué nadie está permitido de proveer ni tecnología ni servicios que ayuden a eludir las TPM para adaptar la tecnología.
Según la ley mexicana, la forma en que, por ejemplo, se permite a un ciego hacer accesible un trabajo es:
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se convierta en un experto en seguridad cibernética;
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descubrir un defecto en el software de lectura electrónica;
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escriben un software para liberar el ebook que quieren leer;
Nadie podría ofrecerle asistencia técnica, ni podrían compartir sus propios aprendizajes para ayudar a otros. Sería un chiste, si no fuera tan sombríamente poco gracioso.
No puede haber duda de que todo esto es por intención o por negligencia extrema. El Congreso de México no sólo se benefició de 22 años de problemas documentados con la versión estadounidense de esta ley, sino que también tuvo un fácil remedio para estos problemas. Todo lo que tenían que hacer era decir: "Se le permite eludir un TPM siempre y cuando no esté violando los derechos de autor de alguien". Eso es todo. En lugar de lardar sus exenciones con condiciones inalcanzables y vagas, los legisladores de México podrían haber articulado una regla de línea clara que cualquiera podría seguir: no evadas los TPMs de forma que se pueda conectar a una violación de los derechos de autor, y estás bien.
No lo hicieron.
Si usted se encuentra en México, le instamos a participar en la campaña de R3D "Ni Censura ni Candados" y a enviar una carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México para pedirles que invaliden esta nueva y defectuosa ley de derechos de autor. R3D le pedirá su nombre, dirección de correo electrónico y su comentario, que estará sujeto a la política de privacidad de R3D.
